El innegable desarrollo inmobiliario que ha experimentado Ñuñoa en las últimas décadas, junto al incremento del parque vehicular, han generado externalidades negativas en la comuna, como lo es el creciente nivel de contaminación acústica a que se ven expuestos las comunidades.

Si bien el municipio, no contaba con funcionarios capacitados para fiscalizar esta materia, ni tampoco con equipamiento necesario para llevar a cabo estas funciones, aun cuando los reclamos se agudizaron durante las cuarentenas, la alcaldesa Emilia Ríos quiso hacerse cargo de esta problemática.

En este sentido, la edil firmó un convenio de colaboración con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que tiene por objeto que ambas instituciones ejecuten, organicen y coordinen planes de prevención y de descontaminación ambiental, en beneficio de la comunidad.

Para el Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, “el ruido constituye una de las principales problemáticas ambientales en las distintas realidades territoriales a nivel nacional, así como también la necesidad de generar más espacios tendientes a la formación de capital humano para abordar esta temática, instalando capacidades técnicas que pueden ser una respuesta más ágil hacia la Comunidad”, señaló De La Maza.

Con ello, los inspectores municipales ahora estarán facultados para fiscalizar a aquellas fuentes emisoras que sobrepasen los niveles permitidos por la ordenanza comunal y así informar a la SMA de modo que se tomen las medidas correspondientes.

La alcaldesa Emilia Ríos, señaló que este acuerdo de colaboración implica la intensificación de las fiscalizaciones en los barrios de la comuna. Al respecto, añadió que los resultados de las inspecciones que lleve a cabo el municipio serán enviados mensualmente a la Superintendencia, conforme al D.S. N°38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.

“En aquellos casos, en los que las emisiones de ruido generadas por la fuente emisora presenten un riesgo significativo a la salud de las personas, la municipalidad informará a su contraparte, en el plazo más breve posible, para que se adopten las medidas que correspondan según la legislación vigente y así no afectar la calidad de vida de los vecinos.”